El ejercicio del poder despierta toda una serie de instintos primitivos y comportamientos atávicos, cuyos efectos es necesario controlar mediante mecanismos formales e informales para evitar la incompetencia flagrante, la pobreza endémica y, posiblemente, una dictadura ritualizada y persistente.
La separación de poderes, la primacía de la Ley, la estabilidad del empleo público y la estructura administrativa son solo algunos de los mecanismos que buscan garantizar el carácter democrático del ejercicio del poder político y la racionalidad económica en la toma cotidiana de decisiones políticas.
El pilar fundamental de la racionalidad económica en las políticas públicas solo puede garantizarse si existe consenso sobre la necesidad de competencia técnica en la elaboración de las decisiones políticas y desaparece la tolerancia generalizada hacia la extraña idea de que, en política, el concepto de competencia técnica no es aplicable.
Me dirán que la competencia técnica es un requisito para la racionalidad de las decisiones en cualquier ámbito de la vida social y que no constituye una exigencia exclusiva de la decisión política. Es cierto, pero en un país donde el predominio de lo público sobre lo privado tiene una tradición histórica muy arraigada, los riesgos de la incompetencia técnica en el ejercicio del Poder público multiplican exponencialmente los perjuicios, dado el peso y la influencia del Estado en todos los ámbitos de la vida social, especialmente en el económico.
Gestionar una empresa u otra organización consiste, esencialmente, en comprender los efectos de las acciones y las omisiones durante un determinado período —el ejercicio anual, la duración del proyecto, la vida útil de la estructura, el período de amortización o el plazo de recuperación de la inversión—, porque eso determina lo que se puede y se debe hacer, o lo que debe evitarse.
Esta gestión del tiempo requiere conocimientos de diversas disciplinas auxiliares y es incompatible con las creencias infundadas de quienes desprecian ese conocimiento. Porque quien no sabe es como quien no ve, y no existe peor excusa para un mal responsable político que la de «no ver» las implicaciones evidentes de sus propias decisiones.
La ceguera de los incompetentes llamados a tomar decisiones en materia de política económica se ve muchas veces amplificada por dos fenómenos bastante peligrosos para la lucidez. El primero es la ambición de «hacer Historia» a cualquier precio, que lleva al responsable político a imaginar que cada uno de sus actos será esculpido en mármol por la posteridad y que, por tanto, siempre hay que comprar la mejor piedra. El segundo es la fe en una especie de «gracia de Estado», que convence al responsable político de que, durante el ejercicio de su cargo, se beneficia de una infusión de providencia divina que lo protege contra el error y la traición.
Como fácilmente se comprenderá, la combinación de estos dos errores tiene un poder destructivo brutal, porque genera decisiones económicas completamente irracionales, que ignoran los conocimientos técnicos necesarios para determinar sus efectos probables a lo largo del tiempo y que están motivadas únicamente por la mezquina ambición de quedar inmortalizado en una estatua yacente. Basta con mirar a nuestro alrededor para encontrar ejemplos.
Paulo Fidalgo
CEO de Marketividade
